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R.·.L.·.S.·. Cibeles 131

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La Masonería en España

Breve historia de la Masonería Española 

Esta breve historia de la Masonería española  forma parte de un capítulo de  «Masonería»© (todos los derechos reservados, prohibida la reproducción total o parcial sin mencionar al autor) libro del que es autor Don Miguel Ángel de Foruria y Franco, Pasado Gran Maestro y Gran Maestro de Honor ad Vitan del Grande Oriente Español, Pasado Diputado Gran Maestro de la Gran Logia de España, Pasado Gran Inspector de Comunicación y Publicaciones de la Gran Logia de España, Pasado Soberano Gran Inspector General Grado 33 del R.·. E.·. A.·. y A.·. y Pasado V.·. M.·. de la R.·. L.·. S.·. Cibeles Nº 131.  

La Masonería en España, I. 

En España, el poder de la Inquisición, reafirmado por el fundamentalismo religioso de la nueva casa reinante (Borbones) y el absolutismo político que caracteriza a la época, propició que la Masonería padeciera las mas encarnizadas persecuciones desde su implantación. 

La primera Logia constituida con arreglo a las constituciones de Anderson, y la primera fundada fuera de las Islas Británicas, reconocida un año mas tarde por la Gran Logia de Inglaterra, data de 1728. En esta fecha se formó en Madrid, fundada por Lord Coleraine, Duque de Wharton, la Respetable Logia Matritense o de las Tres Flores de Lys. En 1729, el mismo personaje, coronel del ejército inglés al servicio de la Corona española, fundó varias logias más en Gibraltar y, en 1739, Lord Lovell, Gran Maestro de de la Gran Logia de Inglaterra, nombró al hermano Jacobo Commeford Gran Maestro provincial de Andalucía. 

En 1740 Felipe V, presionado por la Iglesia católica, se vio obligado por la bula de excomunión de Clemente XII a aprobar un severísimo decreto contra la Orden, el cual supuso que muchos hermanos, sobre todo de las Logias de Madrid, fueran encerrados en las mazmorras de la Inquisición, de donde partieron los que no fueron ejecutados durante los interrogatorios, para cumplir condena en galeras. A pesar de todo la Masonería continuó secretamente sus trabajos, y se extendió con rapidez por todo el país. 

En 1751, la nueva bula de excomunión, esta vez lanzada por Benedicto XIV, dio aún mayor cobertura doctrinal a los fanáticos integristas y tomó nuevas fuerzas la persecución, multiplicándose su crueldad. Un sádico ambicioso, el padre Torrubia (1) , esperando conseguir un obispado al consumar su vesania, aprovechó su cargo de censor y revisor de la Inquisición y de los mas de 20.000 bellacos que el Santo Oficio utilizaba para espiar hasta en el ultimo rincón del reino, para poner en marcha un plan destinado a llevar al patíbulo a todos los francmasones españoles, y extirpar la Francmasonería de los Estados del Rey católico.  

Obtuvo del gran penitenciario, del Papa, dispensa y absolución para el juramento que se le había de exigir al ingresar en la Orden y así se hizo recibir con un nombre falso. Se enteró inmediatamente de cuanto le interesaba y, con la ayuda de sus 20.000 espías, confeccionó una tan falsa como espantosa acusación, a la que iba unida una lista exacta de las 97 Logias que había en ese momento en España (2), la cual entregó al Tribunal Supremo de Justicia de la Inquisición, en Madrid.  

Las consecuencias no se hicieron esperar y pronto millares de francmasones, cuyos nombres constaban en la infame acusación de Torrubia, fueron presos y sometidos a los mas crueles tormentos en los calabozos de la Inquisición. Al tiempo, Fernando VI se veía obligado por las presiones de la Iglesia, a decretar la prohibición del ejercicio de la Francmasonería por ser una Orden sospechosa y perjudicial para la religión. 

Algunas Logias, sin embrago, continuaron reuniéndose en secreto, principalmente en ultramar donde la persecución fue mas moderada. Por ejemplo, en La Habana, donde las autoridades, temerosas de la reacción de los comerciantes extranjeros, no se dejaron someter por las presiones de la Inquisición. 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII no cedió la intensidad de las persecuciones orquestadas por la Inquisición y legitimadas desde Roma a cada cambio de Papa, sin que algunos ilustres hermanos situados en puestos de relieve consiguieran moderar la furia inquisitorial, aunque desde su cercanía a los reyes y por los puestos que algunos de ellos ocupaban, lograron que una cierta infraestructura sobreviviera. 

Lógicamente, la situación de clandestinidad en la que durante estos años vivió la Masonería ha hecho que muy pocos documentos de la época hayan llegado a manos de los historiadores, a pesar de esto sabemos que en 1772 se constituyó una Logia, compuesta mayoritariamente por militares de la Guardia Valona del Rey, dependiente del Gran Maestro Provincial de los Países Bajos. 

En 1780, el conde de Aranda (3), fundó el Grande Oriente Nacional de España (primer antecedente del actual Grande Oriente Español) del que fue su primer Gran Maestro. Pertenecieron a esta Obediencia, entre otros: el duque de Alba, consejero de Estado; don Manuel de Roda, ministro de Gracia y Justicia; don José Nicolás de Azara, embajador en Roma; don Pablo Antonio de Olavide, síndico de Madrid y superintendente de las colonias de Sierra Morena; don Melchor de Macanaz, ministro de Carlos II, Felipe V y Fernando VI y don José Moñino, nombrado por Carlos III conde de Floridablanca.  

Masones ilustres de la época fueron, entre otros, don Manuel Luis de Urquijo, ministro de Carlos IV; don Juan Antonio Llorente, secretario del Santo Oficio; el General O’Farril, el conde de Cabarrús, el conde de Campo Alanje y el célebre dramaturgo Leandro Fernández de Moratín. 

A pesar de la pertenencia a la Masonería de tan encumbrados personajes, debo insistir en que la Orden vivió durante el siglo XVIII constantemente perseguida, con mas o menos saña según el momento, lo que la obligó a mantenerse como sociedad secreta y, en consecuencia apenas nos han llegado testimonios documentales. Por ello, en los registros mundiales no figura ninguna logia española hacia 1787. 

Sí está comprobada la relación de un grupo de ilustrados masones, integrantes de aquel primitivo Grande Oriente Español, con las actividades republicanas conocidas como la conspiración del cerrillo de San Blas (3 de febrero de 1795), de la que fue dirigente destacado don Juan Mariano Picornell y Gomila, miembro de la Respetable Logia España (Madrid). Con él colaboraron en aquel intento revolucionario los hermanos: don José Lax, don Pedro Pons Izquierdo, don Sebastián Andrés, don Manuel Cortés, don Bernardino Garasa, y don Joaquín Villalba. Todos ellos condenados a muerte, tanto por su pertenencia a la Masonería como por su fe republicana, a pesar de no haber derramado ni una sola gota de sangre y habiendo fracasado la intentona de insurrección, aun antes de empezar. Pena que les fue conmutada por la de prisión perpetua en Panamá, gracias a las presiones del embajador de Francia. País desde el que participaron en aquellos hechos los también masones españoles don José Marchena y don Andrés María de Guzmán, activos colaboradores en la revolución francesa. 

Nota del autor 1: Padre Torrubia. Autor de «Centinila contra francmasones» publicada en 1752, una de las obras que mejor recoge la hostilidad de la iglesia hacia la Masonería. 

Nota del autor 2: El texto exacto de la acusación se puede encontrar en la colección del Diario de Viena para los francmasones, tomo de 1784 (primer año), segundo trimestre, página 183 y siguientes; en la Enciclopedia de Lenning y en «Los mártires de la Francmasonería en España», de EylertVeymar, 1854. 

Nota del autor 3: Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda, militar y estadista, librepensador, intelectual y masón, uno de principales protagonistas del llamado nepotismo ilustrado, nació en 1717 en Siétamo (Huesca), miembro de una destacadísima familia del Reino de Aragón. Enviado a estudiar a Bolonia, de donde escapó para unirse al ejército español de Italia (1736) e iniciar así una carrera militar que le llevaría a ocupar, a los 46 años, los mas altos cargos de la jerarquía (Capitán General en 1763). Desde 1746 viajó por todas Europa, con lo que tuvo la ocasión de entrar en contacto con la Masonería y ser iniciado. En 1755 fue nombrado Embajador en Portugal, donde entabló amistad con otro ilustre masón e insigne estadista, el Marques de Pombal, Secretario de Interior y Marina de José I. De aquel país pasó, también como embajador, a Polonia, para regresar a la patria en 1763 y tomar posesión de la Capitanía General del Reino de Valencia, donde permaneció tres años. Fue llamado por Carlos III a Madrid, tras el motín de Esquilache, donde se hizo cargo de la Capitanía General de Castilla la Nueva, siendo nombrado, contemporáneamente, Gobernador del Consejo de Castilla.  

Durante los siete años que permaneció al frente del Consejo puso en marcha una política de reformismo ilustrado y modernizaciones que le ganaron la enemistad de la Iglesia, que nunca dejo de conspirar contra él, una gran popularidad entre el pueblo llano y el elogió de hombres como Voltaire. Apoyó decididamente al Conde de Campomanes y a José Moñinomas tarde Conde de Floridablanca, en su política regalista (intentos de que el Estado controlara el poder económico de la Iglesia, monopolizadora en la época de la inmensa mayor parte de la renta nacional y no contribuyente a Hacienda) así como en las reformas y modernización de la economía española y en los enfrentamientos con la Inquisición, por la pretensión de limitar el poder absoluto de sus tribunales. Protegió a don Pablo Antonio de Olavide, Sindico de Madrid, francmasón e intelectual notorio, en sus reformas de la enseñanza y agraria, encargándolo de la colonización de Sierra Morena. En 1773 las presiones de los inmovilistas y la labor de zapa de la Inquisición habían minado su posición ante el Rey, por lo que, temiendo por su vida, hizo uso de toda su influencia para conseguir ser nombrado embajador en París, donde fue recibido por los enciclopedistas, sus grandes amigos. En estos años y de la relación que restablece con la Masonería francesa e inglesa, nace la idea de crear una Obediencia Masónica puramente Española, lo que efectúa en 1780 fundando el Gran Oriente Nacional de España. 

Entre sus grandes logros como diplomático se encuentra la firma de la paz con Gran Bretaña (1783). De su correspondencia de aquellos años se desprende que ya preveía que, a medio plazo, sino se realizaban reformas y se atendía a las justas reivindicaciones de los españoles de los Virreinatos americanos, estos se perderían. En 1792 fue nombrado por Carlos IV Primer Ministro, teniendo que hacer frente a las difíciles relaciones con la Francia revolucionaría, en cuyas filas militaban muchos de sus amigos. Consiguió mantener la neutralidad, tanto en el primer período como tras el asesinato de Luis XVI, mas fue destituido por las presiones de sus grandes enemigos para dar paso a Godoy, el joven favorito del Rey. A pesar de ello siguió manteniendo la necesidad de mantener buenas relaciones con Francia, lo que le costó ser desterrado a Jaén, siendo esto aprovechado por la Inquisición para intentar procesarlo. Ya no cesó la persecución hasta el final de sus días, sin que consiguieran que se retractara de sus ideales. Murió en Epíla (Zaragoza) en 1798. Uno de los últimos actos de su vida, consecuente con sus ideales Masónicos, fue conceder la jubilación, con sueldo integro, a los obreros de su fabrica de cerámica de Alcora (Castellón), lo que, no solo en la época, sino aun en nuestros días, es una aspiración social sin satisfacer. 

La Masonería en España, II. 

Con la invasión francesa y la coronación de José Bonaparte(4) los vientos de libertad recorrieron la vieja piel de toro. Fue abolida la Inquisición, culpable del 90% de los males históricos que aun hoy padece España y sus mazmorras abiertas. Y comenzó para la Masonería española su primera época de plena libertad. Se organizaron nuevas logias en San Sebastián, Vitoria, Santander, Santoña, Zaragoza, Salamanca, Madrid (siete), Talavera de la Reina, Almagro, Manzanares, Figueras, Gerona, Barcelona, Sevilla, etcétera. José I se rodeó de masones españoles, entre ellos don José de Azanza, presidente de la Junta Nacional, y los ya citados, Urquijo, O’Farril y Cabarrus, que fueron ministros de su Gobierno.  

El Rey José introdujo en España, tan sólo cuatro años después de que lo fuera en Francia, el Rito Escocés Antiguo y Aceptado, recientemente consolidado en aquellos años, del que instituyó en 1808 un Supremo Consejo del 33 y Último Grado, para España y sus dependencias de ultramar. Un año después constituyó un segundo Grande Oriente, ambos cuerpos se disolverían al verse obligado el rey a abandonar el territorio español en 1813, tras el triunfo de las tropas inglesas y de los españoles leales a las Cortes de Cádiz.  

Demostración de la libertad en que deja la Masonería a sus miembros, y la independencia absoluta de que disfrutamos los masones a la hora de tomar partido por las diferentes opciones políticas, es el hecho de que en el bando contrario a José I, militaban activamente los también francmasones don Sebastián Piñuelas y don Gaspar Melchor de Jovellanos y este último, con los miembros de la Masonería, don Martín de Garay, Calvo de Rozas y el ilustre poeta don Manuel José Quintana formaron parte de la Junta Central Gubernativa del Reino, constituida en octubre de 1808. 

En 1811 el conde de Grasse-Tilly instituyó un segundo Supremo Consejo del Grado 33 y Último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, el cual perdura aun en nuestros días en fraternales relaciones con la actual Gran Logia de España. Con él se trató de librar a la Masonería española de la influencia anglosajona, ya que fueron miembros de la Gran Logia de Inglaterra los que fundaron las primeras logias en el siglo XVII.  

La primera logia, creada en 1811 bajo los auspicios de este Supremo Consejo, fue la Respetable Logia de la Estrella. Fue fundada por hermanos españoles y franceses y se reunía en los locales de la Inquisición madrileña, recientemente desalojados. También son de aquella época las Logias Beneficencia y Santa Julia, las cuales formaron con la de la Estrella el núcleo del Gran Oriente Español fundado por Grasse-Tilly. 

Fueron diputados en las Cortes de Cádiz e inspiradores de la Constitución de 1812, la primera democrática, los miembros de la Orden don Diego Muñoz Torrero, el conde de Toreno, don Agustín Argüelles, don José María Calatrava, ministro de Gracia y Justicia; don Isidoro Antillón, don Antonio Porcela, don José Mejía y don Agustín García Herreros (del que desciende el autor de este libro). 

Pero, mientras en la España gobernada por José I la Masonería trabajaba con normalidad, no pasó lo mismo en la dependiente de las Cortes de Cádiz. Así, las propias Cortes, contagiadas del espíritu obscurantista de clérigos e inquisidores, y so pretexto de que muchas logias apoyaban al Rey José, confirmaron el 19 de enero de 1812 el viejo decreto de Fernando VI de 1751 por el que quedaba proscrita la Masonería en España. 

A pesar de la prohibición, terminada la guerra, durante el período constitucionalista siguió creciendo la Orden, de la que fue Gran Maestro del Grande Oriente que fundara años antes el conde de Aranda, el conde de Montijo, tío de la que después sería emperatriz de los franceses y organizador del llamado motín de Aranjuez, causa determinante de la abdicación de Carlos IV. Posteriormente desempeñó la Gran Maestría el infante don Francisco de Paula, hermano de Fernando VII y muy diferente a éste.  

Otros componentes de la familia real durante el reinado de Fernando VII, miembros de la Masonería, fueron el duque de Sevilla y los yernos del infante: el conde de Gorowski y don José Güell y Rente.  

Pero abolida la Constitución en 1814 por aquel rey nefasto (con mucho el peor de la historia de España), instalado de nuevo el absolutismo, la Inquisición se hizo dueña otra vez de la situación. Recuperó durante este reinado el poder que había perdido durante la etapa bonapartista y, la Masonería volvió a ser perseguida por lo que hubo de tornar a la clandestinidad.  

En enero de 1815, con el primero de una serie de decretos de la Inquisición en el que se prohibía y condenaba a la Masonería, empezó un período que para muchos masones significó, cuando no la muerte, si la prisión o el exilio.  

En 1820, gracias al pronunciamiento del masón don Rafael de Riego, se vuelve al régimen constitucional y, con la libertad, la Masonería vuelve a trabajar libremente durante todo el trienio para volver a las catacumbas, obligada por la más encarnizada, si cabe, persecución contra masones y liberales, que desata Fernando VII desde 1824 hasta el final de su, para España, triste reinado. 

Con la muerte del rey, durante las regencias de María Cristina (de 1833 a 1840) y de Espartero (1840 a 1842), así como durante el reinado de Isabel II (de 1843 a 1868), la Masonería sigue prohibida. No obstante, la menor presión policial y la paulatina pérdida de poder de la Inquisición permite que muchos hermanos regresen del exilio, propiciado el retorno por el estallido de la primera guerra carlista y la necesidad de la regente de aunar todos los apoyos posibles para su causa. No obstante, la persecución no cesa, pues el Real decreto de abril de 1834 se limita a amnistiar las actuaciones pasadas, pero sigue manteniendo prohibida la pertenencia a la Masonería, bajo penas de prisión, destierro e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.  

A pesar de ello durante la regencia de la «reina gobernadora» formó Gobierno, como presidente, el masón Martínez de la Rosa, figurando al frente de respectivas carteras ministeriales los también masones Garelly, Burgos, Zarco del Valle y Vázquez Figueroa, lo que facilitó la disminución de la presión policial. 

De entre los miembros de la Francmasonería española en aquellos años, destacan por su constante labor en favor de la libertad los generales: Espoz y Mina, Porlier, Lacy, Milans, Álava, Van Halem, O’Donojú, Torrijos, O’Donell, Santander, Zayas, Morillo, Moreda, Valdes y Martínez de San Martín. Los jefes y oficiales: don Ramón Latas, don Joaquín Vidal, don Ignacio López Pintos, don Eusebio Polo, Núñez de Arenas, don Patricio Domínguez, don Facundo Infante, don Antonio Quiroga, don Felipe Azo, don Juan Sánchez, don Ramón Álvarez, don Francisco Merlo, don Cipriano Lafuente, don Tomás Murciano, don Laureano Félix, don José Ortega, don Joaquín Jacques, don Juan Antonio Caballero, don Ramón Maestre, don Francisco Vituri, don Vicente Llorca, don José Ramonet y como ya he dicho antes el célebre don Rafael del Riego, jefe de la revolución de 1820 y Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del 33 y último Grado del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. 

Y, de entre los civiles, además de los indicados anteriormente destacaron don Vicente Cano Manuel, presidente de las Cortes y su hermano don Antonio Cano Manuel, ministro de Gracia y Justicia; don Juan Álvarez Guerra, varias veces diputado y senador y Ministro del Interior en 1835; don Alvaro Flórez Estrada, diputado que tomó parte activa en la revolución de 1820; el Marqués de Tolosa, activo fundador de Logias; don Antonio Romero Alpuente que llegaría a ser diputado en 1880; don Martín Batuecas activo luchador por las ideas republicanas; don Alfonso María de Barrantes, idealista e incansable luchador por la libertad, muerto en las barricadas de París en 1848; don Antonio Pérez de Tudela, que fuera Gran Comendador de la Orden; don Mateo Seoane, diputado en 1823 que votó a favor de la destitución de Fernando VII; don Juan Manuel Vadillo, varias veces diputado y senador; el célebre poeta don José de Espronceda, incansable activista a favor de la Masonería; don Bartolomé José Gallardo, que fuera bibliotecario de las Cortes de Cádiz; don Francisco Martínez de la Rosa, don Antonio Alcalá Galiano, don Tomás Istúriz y don Juan Álvarez de Mendizabal, que en el futuro llegarían a ministros, y un larguísimo etcétera del que se podría entresacar a: don Juan Hurtado, don José Alonso Partes, don Manuel Figueroa, don Pascual Navarro, don Antonio Oliveros, don Antonio Zarrazábal, don José Zorraquin, don Francisco Fernández Golfin, don Ramón Félix, don Juan Antonio Yandiola, don Sebastián Fernández Valera, don José María Montero, don Mamerto Landáburu, don Francisco Álvarez, don Francisco Lonjedo, don Gregorio Iglesias, don Domingo Badia (Alí Bey), don Claudio Francisco Grande, don Nicolás Paredes, don Tomás Francos, don Domingo Ortega, don Francisco Meseguer y don Francisco Fidalgo. Muchos de ellos fueron diputados o senadores, pero todos ellos se destacaron como liberales y constitucionalistas.  

Los gobiernos del reinado de Isabel II, cuyos preceptores Quintana y Ventura de la Vega eran masones, como lo fue su tutor Argüelles y el intendente de su casa don Martín de los Heros, intensifican de nuevo la persecución, con lo que la Orden, a pesar de contar con muchos miembros en destacados puestos de la política y la milicia, debe de permanecer en la clandestinidad durante esos años, pasando a depender muchas Logias de Grandes Orientes extranjeros, la mayor parte de ellas del Grande Oriente Lusitano; otras del Grande Oriente de Francia, o del de Italia y algunas de la Gran Logia de Inglaterra.  

No obstante, la vuelta al régimen constitucional facilitó en alguna forma la formación de nuevas Logias, a las que pertenecieron masones como don Joaquín María López, don Salustiano Olazabal, don Antonio González, el Conde de las Navas, don Fermín Caballero, don Telesforo Trueba, don José Llanos, don José Villanueva, don Cayetano Cardero, don Mariano José de Larra (Fígaro), el duque de Rivas, Ventura de la Vega y los generales don Evaristo San Miguel y López Baños. 

Masón era el Conde de Toreno, sucesor del también masón Martínez de la Rosa, el cual nombró ministros de su gobierno a los francmasones Álvarez Guerra y Álvarez Mendizábal. Este, famoso por la desamortización, llegó a presidir a su vez un gobierno en el que figuraron los masones Álava, Martín de los Heros, Gómez Becerra y el conde de Almodovar. 

Sucedió Instúriz a Álvarez Mendizabal, el cual encargó Carteras a los masones duque de Rivas, Méndez Vigo y Alcalá Galiano. 

Tras el Motín de la Granja formó gobierno el masón don Manuel María de Calatrava, en el que desempeñaron cartera los también masones don Joaquín María López, don José Ramón Rodil, don Andrés García Camba y, de nuevo, don Juan Álvarez Mendizabal. 

Las Cortes constituyentes convocadas por este último Gobierno fueron presididas por el masón Gómez Becerra. Y obtuvieron escaño los masones Argüelles, Alonso Cordero, Álvarez Gómez, Acuña, Alcalá Zamora, Ayguals de Izco, Aspiroz, Ballesteros, Beltrán de Lis, de los Cuetos, Cantero, Caballero, Cano Manuel, Espartero, Espoz y Mina, Ferros Montaos, Fernández del Pino, Fernández de los Ríos, Feliú y Miralles, Fernández Baeza, Ferrer, Flores Estrada, González Antonio, Gracia Blanco, Garrido, Martín de los Heros, Huelves, Infante, Llanos, Madoz, Matheu, Millan Alonso, Olózaga, Olleros, Padilla, Roda, Seoane, Salvato, San Miguel, Sancho, Vadillo y Vicens. 

Finalmente, con el triunfo de la Revolución de 1868 cesan las persecuciones y la Masonería, legitimizada por el régimen de libertades, puede desarrollarse con normalidad, siendo esta una etapa de crecimiento y asentamiento en la sociedad española.  

Preludio del destronamiento de Isabel II fue la sublevación en Cádiz de los generales masones Pierrad, Moriones y Contreras, bajo la dirección de los así mismo masones Malcampo, Sagasta, Dulce, Prim, Ruiz Zorrilla y Méndez Núñez, movimiento en el que colaboró la práctica totalidad de la flota, entre cuya oficialidad había gran número de masones.  

Entre los firmantes del manifiesto de Sevilla figuraban los miembros de la Masonería don Antonio Arístegui, don Federico Rubio, don Francisco Díaz Quintero, don Manuel Carrasco, don Antonio Machado, don Tomas Arderíus, don Manuel Sánchez Silva y el general Peralta. 

Nota del autor 4: José I (José Bonaparte) fue Gran Maestre del Gran Oriente de Francia desde 1804. 

La Masonería en España, III. 

En 1869 había conseguido sobrevivir a las persecuciones un Gran Oriente Nacional de España, heredero de aquel primitivo Gran Oriente inicial, con un Supremo Consejo del que había sido Soberano Gran Comendador el infante don Francisco de Paula. Se formó también el Grande Oriente de España, de carácter más liberal que el anterior del que era Gran Maestro Ruiz Zorrilla, el cual, al mismo tiempo era presidente del Gobierno. Fue sucedido en la Gran Maestría por don Práxedes Mateo Sagasta (1876-1881), estando formado en aquella época el Grande Oriente de España por 370 logias, número que se incremento durante las Grandes Maestrías de Romero Ortiz y don Manuel Becerra. 

Masones destacados del período entre 1868 y la Restauración fueron:  

Presidentes del Consejo de ministros: Prim, Malcampo, Ruiz Zorrilla y Sagasta.  

Ministros: 

Romero Ortiz, don Segismundo Moret, don Cristino Martos, presidente del Congreso; don Eleuterio Maisonnave, Gran Comendador; don Eduardo Chao, don José Cristóbal Sorní, don Jacobo Oreiro, Gran Comendador; don Francisco Salmeron, don Victor Baránger, don Joaquín Bassols, don Eugenio Gamindez, don José Pieltain, don José Beránger, almirante; don José Muro, don Ramón Nouvilas y don José Echegaray.  

Diputados y senadores: 

Don José Abascal, alcalde de Madrid; don Jose María Orense marques de Albaida, presidente de las Cortes Constituyentes de 1873; don Agustín Albors, don Pablo Alsina, don Mariano Alvarez Acevedo; don José Toribio de Ametller, general; don Gabriel Baldrich, general; don Roque Barcia, escritor; don Ramón Cala, periodista; don Luis Blanc, escritor; don Manuel Becerra, Gran Comendador; don Manuel Cantero, exministro; don Manuel Carrasco; don José María Carrascón, periodista; don Juan Contreras, general; don Rafael Coronel y Ortiz, director de administración; don Salvador Damato, militar; don Francisco Díaz Quintero, abogado y periodista; don Domingo Dulce, general; duque de la Victoria, general; don José Fantoni y Solis, abogado; don Ruperto Fernández de las Cuevas, ingeniero; don Angel Fernández de los Ríos, escritor; don Miguel Ferrer y Garcés, catedrático; don Santiago Franco Alonso, abogado; don Francisco García López, abogado; don Gregorio García Ruiz, periodista; don Rafael Guillén y Martínez; don Bernardo García, periodista; don Francisco González User, industrial; don Simón Gris Benitez, abogado; don Pedro Gutiérrez Agüera; don Juan Manuel González Acevedo; don Santos de la Hoz y Sánchez; don Adolfo Joarizti Lasarte; don José Lagunero, general; don Manuel Llano y Persi, secretario del Congreso; don Baldomero Lostau; don Romualdo la Fuente; don Ricardo López Vázquez, secretario de la Presidencia del Consejo; don Lorenzo Milans del Boch, general; don Domingo Moriones, general; don Pascual Madoz, ex ministro; don Manuel Merelo, catedrático; don Luis de Moliní, Marques de Montemar; don Juan Moreno Telinge; don Vicente Morales Díaz, abogado; don Juan Moreno Benitez, gobernador de Madrid; don Ricardo Muñiz, director de la Casa de la Moneda; don Pedro Muñoz Sepúlveda, actor; don Pedro Mateo Sagasta, director de Administración; duque de Montpensier; don Cesáreo Martín Somolinos, farmacéutico; don Juan Martínez Villergas, poeta satírico; don Narciso Monturiol; don José Navarrete, comandante de Artillería y don Salustiano Olózaga, ex ministro; los generales Pierrad, Palacios, Peralta y Rosell; don Manuel Ortiz de Pinedo, abogado; don Eusebio Pascual Casas, periodista; don José Paúl y Anulo; don Victor Pruneda, escritor; don Zoílo Pérez, médico; don Florencio Payela, abogado; don Antonio Pedregui Guerrero; don Antonio Ramos Calderon, director de la Deuda; don Ignacio Rojo Arias, Gran Comendador y gobernador de Madrid; don Federico Rubio y Galí, cirujano; don Facundo Ríos Portillo, gobernador y secretario de las Cortes; don Francisco Rispa y Perpiñá, Gran Comendador; don Roberto Robert, ministro plenipotenciario; don Roldán del palacio, abogado; don Manuel Regidor Jurado, periodista; Marqués de Santa Marta, Gran Maestre; don Gonzalo Serraclara, abogado; don Juan Pablo Soler, escritor; don Prudencio Sañudo, abogado; don Salvador Salaute, abogado; don Salvador Sampere y Miguel, académico e historiador, y don Miguel Uzuriaga. 

Y otros como: 

Don Clemente Fernández Elías, catedrático; don Rosendo Arús; don Amable Escalante, general; don Ricardo Díaz Rueda, magistrado del Supremo; don Nicolás Calvo Guasti; don Felipe Picatoste, publicista; don Francisco José Barnés, catedrático; don Antonio Pirala, historiador; don Mariano García, ministro plenipotenciario; don Ramón Escandón, astrónomo; don Juan Téllez Vicen, catedrático; don Bernardo Orcasitas, alcalde de Madrid; don Vicente Moreno de la Tejera y don Francisco Javier Parody. 

El rápido crecimiento del número de las logias, junto con el carácter dispersivo tan típicamente español y el ingreso de personas que tan sólo buscaban el relieve social produce, con la llegada de la restauración, una proliferación de Obediencias, encontrándonos hacia 1888 con la existencia de las siguientes: 

  • Gran Oriente Nacional de España, Gran Maestre don José María Pantoja.  
  • Gran Oriente de España, legalidad electiva, Soberano Gran Comendador don Pío Vinader.  
  • Gran Oriente de España, legalidad posesiva escocesa, Soberano Gran Comendador don Juan Antonio Pérez.  
  • Gran Logia Simbólica, Gran Maestre don José López Padilla.  
  • Confederación Masónica Ibero-Americana, Gran Maestre don Jaime Martí.  
  • Soberano Gran Consejo del Rito de Memphis Misraim, Gran Maestre don Ricardo López Salaverry.  

Afortunadamente, el buen hacer de don Miguel de Morayta, consigue que, solamente un año más tarde, se clarifique la situación mediante la desaparición de algunas y la suma de las dos más importante Obediencias. Así el 21 de mayo de 1889, de la fusión del Gran Oriente de España y el Gran Oriente Nacional de España surge, esta vez definitivamente, el actual e histórico Grande Oriente Español, nuevo y unitario cuerpo masónico que mantiene, desde entonces, la regularidad y legitimidad histórica de la Masonería española, a pesar de las muchas vicisitudes por las que ha tenido que pasar.  

Su primer Gran Maestro y Soberano Gran Comendador fue el insigne catedrático don Miguel Morayta, con el que colaboró entusiásticamente en la organización y desarrollo de la Obediencia el Gran Secretario General, hermano don Joaquín Ruiz Vergara, uno de los masones más entusiastas y laboriosos que ha tenido la Masonería española. Desde entonces, en una cadena que jamás ha perdido la continuidad, aun en las más trágicas circunstancias, han sido sus Grandes Maestros:  

M.·. Il.·. H.·. Miguel Morayta y Sagrario 1889 – 1901 
M.·. Il.·. H.·. Emilio Menéndez Pallares 1901 – 1904 
M.·. Il.·. H.·. José Marenco Gualter 1904 – 1906 
M.·. Il.·. H.·. Miguel Morayta Sagrario 1906 – 1917 
M.·. Il.·. H.·. Antonio López de Villar G.·. M.·. Interino 
M.·. Il.·. H.·. José Lescura Borras G.·. M.·. Interino 
M.·. Il.·. H.·. Luís Simarro Lacabra 1917 – 1921 
M.·. Il.·. H.·. Augusto Barcia Trelles 1921 – 1922 
M.·. Il.·. H.·. Enrique Gras Morillo 1922 – 1923 
M.·. Il.·. H.·. José Lescura Borras 1923 – 1924 
M.·. Il.·. H.·. José  Rodríguez y Rodríguez 1924 – 1925 
M.·. Il.·. H.·. Demófilo de Buen Lozano 1926 – 1929 
M.·. Il.·. H.·. Diego Martínez Barrio 1929 – 1930 
M.·. Il.·. H.·. Diego Martínez Barrio 1930 – 1934 
M.·. Il.·. H.·. Fermín de Zayas Molina G.·. M.·. Interino 
M.·. Il.·. H.·. Angel Rizo Bayona 1935 – 1938 
M.·. Il.·. H.·. Lucio Martínez Gil 1938 – 1946 
M.·. Il.·. H.·. Antonio Montaner 1946 – 1954 
M.·. Il.·. H.·. Mateo Hernández Barroso 1954 – 1962 
M.·. Il.·. H.·. Juan Crediaga Villa 1962 – 1970 
M.·. Il.·. H.·. Jaime Fernández-Gil de Terradillos 1970 – 1982 
M.·. Il.·. H.·. Antonio del Villar Massó 1982 – 1988 
Francisco José Alonso Rodríguez (detentando) 1988 – 1993 
M.·. Il.·. H.·. Miguel Angel de Foruria y Franco 1994 – 1996 
M.·. Il.·. H.·. Miguel Angel de Foruria y Franco 1996 – 1999 
M.·. Il.·. H.·. Miguel Angel de Foruria y Franco 1999 – 2001 
M.·. R.·. H.·. Tomás Sarobe Piñeiro 2001 – 2004 
M.·. R.·. H.·. Josep Corominas y Busqueta 2004 – 2006 
M.·. R.·. H.·Jose Carretero Domenech 2006 – 2010 
M.·. R.·. H.·. Oscar de Alfonso Ortega 2010 –  

Durante el primer período de don Miguel Morayta como Gran Maestro, el Grande Oriente Español alcanzó un gran desarrollo, obteniendo el reconocimiento, ya en el año 1891, de las Grandes Logias de Escocia, Australia, Luxemburgo, Venezuela, Egipto y Francia, y de los Grandes Orientes de Francia, Centro Americano, México, Italia, Suecia y Noruega, Holanda, Bélgica, Perú, Chile, Argentina, Lusitano Unido, Marruecos y del Gran Oriente del Rito Misraim de Francia, Supremo Consejo del Gran Oriente Francés, etcétera. 

Masones ilustres de este período son, entre otros muchos los ministros de la restauración don Bonifacio de Blas y Muñoz, don Gaspar Núñez de Arce y don Vicente Romero Girón.(5)  

Durante el primer tercio del presente siglo la Masonería trabaja en el interior de las logias, sin grandes actividades públicas, como a las que se vio obligada durante el turbulento siglo XIX, a ello también contribuyó la pérdida, por la intervención norteamericana, de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, posesiones de ultramar que habían representado siempre importantes focos de actividad masónica. 

En 1903 se realiza una primera reforma de la Constitución del Grande Oriente Español, lo que le supondrá su legalización oficial, la primera que se produce en la historia de la Masonería española. Básicamente las reformas consisten en la estructuración de la Obediencia con una base federal, acorde con la historia de los distintos reinos que componen España. Con ello se trataba de poner fin a la proliferación de organizaciones masónicas de ámbito regional. 

Pero no será hasta 1920 cuando estas nuevas ideas autonomistas, en cuanto a la estructura organizativa, sean plenamente aceptadas por las Logias y se comience a crear una autentica estructura federal compuesta por Grandes Logias Regionales.  

En 1921 la Gran Logia Simbólica Catalana-Balear, que había sido constituida en 1886, abandona su fuerte politización catalanista y adopta una estructura nacional, pasando a denominarse Gran Logia Española. 

El Gran Oriente Español celebra una Gran Asamblea Nacional los días 21 al 24 de octubre de 1923 en la que se acuerda la reorganización, dividiendo el territorio mediante la creación de las Grandes Logias del Centro de España, con sede en Madrid; del Noroeste, en Gijón; del Nordeste, en Barcelona; del Levante, en Alicante; del Mediodía, en Sevilla; de Marruecos, en Tánger; y del Sudeste, en Cartagena. 

 
 
Nota del autor 5Todos los nombres de las personas que han sido incluidos en esta página como miembros de la Masonería española, proceden de los Boletines Oficiales del Grande Oriente Español y del Supremo Consejo del Grado 33 y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España y sus Dependencias, así como de las obras escritas por los insignes masones don Miguel de Morayta y don Nicolás Díaz y Pérez. 

La Masonería en España, IV. 

Durante la dictadura de Primo de Rivera, con la marcha atrás de las libertades, se produce un nuevo resurgir de la Masonería, aumentando el número de logias hasta las 85 que figuraban en el Anuario Masónico del Grande Oriente Español correspondiente a 1927, y las 105 que se enumeraban en el de 1931. En lo que se refiere a la Gran Logia Española pasó, de 10 en 1922, a 42 en 1927, y a 52 en 1931.  

No obstante, la prohibición de la Masonería decretada por el directorio militar, no se puede hablar durante estos años de una autentica persecución, lo que aprovecharon muchos descontentos con la situación política para hacerse iniciar masones, sin necesidad de asumir los riesgos que les hubiera supuesto semejante paso en épocas anteriores. Mucho se ha escrito sobre la influencia de la Masonería en el ejército durante la dictadura, sobre todo en Marruecos, lo que sí se sabe con certeza es que muchos militares ingresaron en la Orden en aquellos años. Se sabe también de la confusión sobre la normativa legal y de la ignorancia de que muchas veces hacían gala, de las ordenes de Primo de Rivera. Así, un congreso masónico prohibido por este general en Madrid fue autorizado y se celebró en Barcelona, por orden del general Barrera. 

Entre los masones que componían el Grande Oriente Español en el primer tercio del siglo se encontraban los catedráticos universitarios: don Fernando de los Ríos, don Gabriel Bonilla, don Enrique Martí Jara, don Luis Jiménez Asua, don Demófilo de Buen y don José Giral; los profesores de Institutos, Escuelas Normales y de Comercio: don Antonio Turón de Lara, don Amós Sabrás, don Cesáreo Martínez, don Rodolfo Llopis, don Ramón y don Enrique González Sicilia, don Pedro Armasa Briales, don Ulderico del Olmo, don Francisco Duque y don José Mejias; los periodistas don Juan Saradell, don Antonio de Lezama, don Luis Bello Trompeta, don Augusto Barcia, don Alfonso Hernández Catá, don Antonio Fernández Velasco, don Benito Artigas Arpón, don Augusto Vivero, don Mariano Benlliure y Tuero, don Enrique Paúl Almarza, don Salvador Quemades y don Rafael Salazar Alonso, y los políticos don Daniel Anguiano, don Vicente Marco Miranda, don Eduardo Barriobero, don Alvaro de Albornoz, don Marcelino Domingo, don Eduardo Ortega y Gasset y el general López Ochoa.  

Entre el advenimiento de la República, tras las elecciones municipales de abril de 1931 y 1934, la Masonería española tuvo su teórico mejor momento en cuanto al número y aparente calidad de sus miembros, aunque la realidad es que la Orden admitió en su seno a profanos que en muchas ocasiones carecían de las cualidades morales y espirituales que definen a un masón, sin que eso signifique, en todos los casos, que no estuvieran dotados de otras. El resultado fue que estos nuevos hermanos propiciaron una no deseable politización de las logias, que las apartó del trabajo puramente masónico. La orientación que los recientes miembros de los talleres imprimieron al trabajo masónico fue pagada muy duramente por la Orden en los años sucesivos. 

La República fue acogida con alborozo por la Masonería española, «La República es nuestro patrimonio» titulaba el Boletín Oficial del Supremo Consejo del 33 y último Grado para España y sus dependencias. En aquel momento, el total de logias del Grande Oriente Español llegaba a 167, y el número de miembros apenas era superior a los 5.000, de los que 17 eran ministros, 5 subsecretarios, 15 directores generales, 183 diputados a Cortes (de un total de 470), 5 embajadores, 9 generales de división y 12 generales de brigada. De entre ellos se pueden destacar, hasta el año 1934 a: don Manuel Azaña Díaz, ministro de la Guerra, presidente del Consejo de Ministros y más tarde presidente de la República; don Alejandro Lerroux y Gracia, ministro de Estado y presidente del Consejo de Ministros; don Diego Martínez Barrio, Gran Maestre, ministro de Comunicaciones, Guerra y Gobernación y presidente del Consejo de ministros; don Fernando de los Ríos Urruti, ministro de Justicia, Instrucción Pública y Estado; don Marcelino Domingo San Juan, ministro de Instrucción Pública y Agricultura; don José Giral, ministro de Marina; don Alvaro de Albornoz Liminiana, ministro de Fomento y de Justicia y presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales; don Emilio Palomo, gobernador de Madrid, subsecretario y ministro de Comunicaciones; don Juan Botella Asensi, ministro de Justicia; don Rafael Guerra del Rio, ministro de Obras Públicas; don Juan José Richa García, embajador en Portugal, presidente del Consejo de Estado, ministro de la Guerra y de Marina; don Gerardo Abad Conde, subsecretario de Comunicaciones, presidente del Consejo de Estado, y vocal del Tribunal de Garantías; don Rodolfo Llopis, director general de Primera Enseñanza; don Mateo Hernández Barroso, director general de Telégrafos; don José Salmeron, director general de Obras Públicas y de Montes; don Antonio Pérez Torreblanca, director general de Agricultura; don Ramón Franco Bahamonde, director general de Aeronáutica; don Augusto Barcia, Soberano Gran Comendador, delegado del Gobierno en el Consejo Superior Bancario; don Benito Artigas Arpón, delegado del Gobierno en los Canales del Lozoya y director general de Comercio y Política Arancelaria; don José Domínguez Barbero, ministro del Tribunal de Cuentas; don Salvador Albert Pey, embajador en Bélgica; don Francisco Maciá, presidente de la Generalidad de Cataluña; don Rafael Salazar Alonso, presidente de la Diputación provincial de Madrid y ministro de la Gobernación; don Eduardo Ortega Gasset, gobernador civil de Madrid; don Pedro Rico López, alcalde de Madrid; don Carlos Esplá Rizo, subsecretario de Gobernación; don Eduardo López Ochoa, capitán general de Cataluña, inspector general de la Tercera Inspección de Ejército y vocal representante del ministerio de la Guerra en el tribunal revisor de los fallos por Tribunales de Honor; don Jaime Ayguadé, alcalde de Barcelona; don Casimiro Giralt, consejero de la Generalidad de Cataluña; don Dionisio Correas, consejero de Cultura; don Ramón González Sicilia, director general de Primera Enseñanza y subsecretario de Instrucción Pública; don Demófilo de Buen, consejero de Estado, presidente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo; don Luis Jiménez Asúa, vicepresidente primero del Consejo Superior de Protección de Menores; don Antonio Jaén, ministro de España en Perú; don Manuel Torres Campaña, subsecretario de Gobernación y de la Presidencia del Consejo; don José Moreno Galvache, subsecretario de Agricultura, de Industria y Comercio y de Instrucción Pública; don Nicolás Sánchez Belastégui, delegado del Gobierno en los servicios hidráulicos del Guadalquivir; don Ramón Carreras Pons, comisario general de Cataluña; don Fernando Valera Aparicio, director general de Agricultura y subsecretario de Justicia; don Pedro Vargas Guerendiain, subsecretario de Comunicaciones; don Sidonio Pintado, consejero de Cultura; don Gabriel González Taltabull, vocal del Tribunal de Garantías; don Ramón Pérez de Ayala, embajador en Inglaterra; don Rafael Blasco García, vocal suplente del Tribunal de Garantías; don Pedro Armasa Briales, subsecretario de Instrucción Pública; don Luis Doporto Marchori, director general del Instituto Geográfico, gobernador civil de Valencia y consejero de Cultura; don Eloy Vaquero Cantillo, director general de Previsión y Acción Social; don Angel Rizo Bayona, delegado del Estado en el Consorcio Nacional Almadrabero; don José Juncal, embajador en Portugal; don Antonio Tuñon de Lara, director general de Beneficencia; don Alvaro Pascual Leone, director General de Administración Local; don Antonio Montaner Castaño, gobernador civil de Sevilla y director general de Ferrocarriles; don Angel Galarza Gago, fiscal de la República, director general de Seguridad y Subsecretario de Comunicaciones. 

La práctica totalidad de los arriba nombrados fueron, además de los cargos indicados, diputados de las Cortes de la República, como lo fueron los también masones: don Melquiades Alvarez González, don Eugenio Arauz Pallardo, don Sebastián Banzo Urrea, don Francisco Azirín Izquierdo, don Miguel Bargalló Ardevol, don Eduardo Barriobero Herrán, don Luis Bello Trompeta, don Cayetano Bolívar Escribano, don Miguel de Cámara Cendoya, don Hermenegildo Casas Jiménez, don Adolfo Chacón de la Mata, don Andrés Domingo Martínez, don Eladio Fernández Egochaga, don Joaquín García Hidalgo Villanueva, don Pedro Vicente Gómez Sánchez, don Miguel Granados Ruiz, don Emilio González López, don Julio Just Jimenez, don Eduardo Layret Foa, don Julio María López Orozco, don Vicente Marco Miranda, don Lucio Martínez Gil, don José Martín Gómez, don Mariano Merediz Díaz-Parreño, don Manuel Moreno Mendoza, don Manuel Morón Díaz, don Manuel Muñoz Martínez, don César Oarrichena Jenaro, don Manuel Olmedo Serrano, don Alonso Pérez Díaz, don Joaquín Pérez Madrigal, don Domingo Pérez Trujillo, don Manuel Portela Valladares, don César Puig Martinez, don Romualdo Rodríguez Vera, don Amós Sabras Gurrea, don Juan Antonio Santander Carrasco, don Francisco Saval Moris, don Jaime Simó Bofarrull, don Narciso Vázquez Lemus y don Rodolfo Viñas Arco. (6)  

Mas no debe pensar el lector que tan masiva presencia de masones en cargos públicos y en las Cortes logró plasmar en la forma de gobernar de los políticos las ideas de tolerancia que propugna la Masonería, pues el único reflejo de estas que quedó fue la moderación de la nueva constitución. Por lo demás, la clase política no solo no atendió a los ideales masónicos, sino que casi siempre los desdeñó. 

En 1933, del 23 al 27 de junio, siendo Gran Maestro don Diego Martínez Barrio, se celebra en Barcelona una Gran Asamblea Nacional del Grande Oriente Español en la que es aprobada la nueva constitución de la Obediencia, los estatutos y reglamentos generales que la desarrollaron, debiendo ya ser redactados en el exilio mexicano. Ambos cuerpos jurídicos están aún vigentes en la Obediencia, según acuerdo de la Gran Asamblea Nacional de los días 7 y 8 de enero de 1994.  

Los acontecimientos empiezan a precipitarse en España a partir de las elecciones de 1934 y el triunfo electoral de las derechas, mal acogido por un país inmaduro democráticamente, en el que los problemas sociales acumulados durante siglos y la pobreza inmemorial en la que estaba sumida la mayor parte del país, no movían a unos a la toma de medidas de justicia social y, a otros, les servia como coartada para determinadas actuaciones políticas o sindicales. Mientras, ni unos ni otros hacían nada realmente útil para resolver el problema. La revolución de Asturias como contestación a la victoria electoral y la brutalidad de la represión dejaron preparado el camino a la sangrienta guerra incivil que apenas dos años más tarde asolaría el país, sin que los intentos por moderar las posturas realizados por muchos masones militantes en ambos bandos en los que se había dividido el país pudieran hacer nada para cerrar el abismo que la intolerancia y el fanatismo, de unos y de otros, había abierto y que acabaría engullendo a todos. 

Nota del autor 6Todos los nombres de las personas que han sido incluidos en esta página como miembros de la Masonería española, proceden de los Boletines Oficiales del Grande Oriente Español y del Supremo Consejo del Grado 33 y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España y sus Dependencias. 

La Masonería en España, V. 

En julio de 1936 el Grande Oriente Español se aproximaba a 200 logias y el numero de sus miembros rondaba los 6.000 cuando … La sublevación de varias unidades militares en la península y de la mayor parte del ejército de África, junto con algunos miles de civiles en diversas provincias, y la perdida de los nervios por parte del Gobierno con la entrega de armas a partidos políticos y sindicatos de izquierdas, marcan el principio de la mayor y más sangrienta persecución que haya tenido que sufrir la Masonería. Ya desde los primeros días, en el bando nacionalista se comienza a fusilar masones, por el simple hecho de serlo y sin mediación de ninguna otra acusación. 

Es coadyuvante a ello la satanización que de la Orden realiza una Iglesia Católica, que toma partido y declara, a la mas sangrienta y absurda de las confrontaciones entre hermanos como «santa cruzada», santificando así los asesinatos sin numero que las tropas sublevadas cometen en los territorios que controlan, e influyendo de igual manera en la aversión del general Franco por la Masonería, de la que pasó, de solicitar ser iniciado durante su estancia en destinos africanos, a un profundo odio. Todo ello fruto del rechazo que sufrió y por identificarla como uno de los culpables de la separación de sus padres. Su padre era masón, al igual que lo fuera su hermano Ramón. 

Es demostrativo del profundo odio que el general Franco sentía por la Masonería, el que dictara un durísimo decreto en su contra ya el día 15 de septiembre de 1936. Sin que ni los generales ni los otros altos mandos militares del bando nacionalista que eran masones, pudieran hacer nada o muy poca cosa a favor de sus hermanos. Sobre todo durante los primeros meses de la guerra, en el transcurso de los cuales la simple sospecha de la condición de masón conducía inexorablemente al pelotón de fusilamiento. Durante todo este período, no habiéndose podido realizar todavía un estudio en profundidad, pero contrastados los datos que se poseen con la memoria histórica de los hermanos sobrevivientes de la persecución y del exilio, se calcula que los masones asesinados llegan a 2.000, tras simulacros de procesos sumarísimos y, muchas veces, sin ni siquiera ese trámite previo. 

Finalizada la guerra con la victoria del general Franco, la esperada reconciliación nacional no se produce y el odio mas irracional se ensaña contra la Masonería, dictándose la llamada ley de represión de la Masonería y el comunismo de 1-III-1940, en la que de forma incomprensible se meten en una misma canasta a masones y comunistas, estos tan encarnizados enemigos de la Masonería como el propio general Franco.  

Como consecuencia de esta ley, por su calidad de masones como único delito, 1608 hermanos fueron condenados a doce años y un día de reclusión, 285 a dieciséis años de reclusión menor, 133 a veinte años y un día de reclusión mayor y 159 a treinta años de reclusión mayor. Muchos cientos de ellos no consiguieron sobrevivir a tan duras condenas y pasaron al Oriente eterno desde las mazmorras, a donde habían sido conducidos por la ignorancia y el fanatismo de sus verdugos. La mejor prueba del rigor y de la estupidez de los sicarios del general Franco es que, habiendo en la España de 1936 no más de 6.000 masones, de los que hay que descontar los cerca de 2.000 fusilados y los varios cientos que consiguieron exilarse, el tribunal especial instruyó 80.000 sumarios contra supuestos masones; haciendo, en los años posteriores, del tan estúpido como carente de realidad y sentido «contubernio judeo-masónico», el responsable de todos los problemas del régimen: desde la pertinaz sequía hasta el aislamiento internacional o el tradicional odio y envidia que nos tienen los extranjeros por ser la reserva espiritual de occidente. 

Desde 1936, todos los bienes del Grande Oriente Español, de sus Logias, de sus miembros, y muchas veces de sus allegados, fueron confiscados, sin que más de un cuarto de siglo después de la muerte del dictador y el establecimiento de la democracia, ninguno de los distintos gobiernos que se han sucedido haya hecho nada por reparar, aunque sólo sea simbólicamente, tales injusticias. 

Unos pocos cientos de hermanos consiguieron escapar a la represión y establecer el Grande Oriente Español en el exilio, gracias al decreto de hospitalidad de la Gran Logia del Valle de México. Ello permitió que la voz de la Masonería española no fuera totalmente acallada por la brutalidad de sus perseguidores, y que algunas logias auspiciadas por el Grande Oriente Español siguieran reuniéndose en el norte de África, Francia e Hispanoamérica. La Gran Logia Española, ya sin ninguna organización hacia el final de la guerra civil, no lograría sobrevivir a la persecución y el exilio. 

Tras la muerte del general Franco el Grande Oriente Español, del que en 1970 había sido elegido Gran Maestro don Jaime Fernández Gil de Terradillos, redobla sus esfuerzos y contactos con los hermanos de todas las Obediencias de Europa, con el fin de conseguir que las presiones internacionales, en una primera fase obligasen a los gobernantes españoles a emprender un inequívoco camino hacia la democracia, y para que, conseguido esto, no faltaran a la joven democracia española los apoyos y ayudas internacionales que le serían tan necesarios, sobre todo en los primeros momentos. Del éxito de aquellas gestiones no somos los masones los que debemos hablar, será la historia la que juzgue hasta que puntos fueron decisivos. 

La XXVII convención de los Supremos Consejos de Grado 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, reunida en París los días 21, 22 y 23 de mayo de 1977, consideró positivo el regreso al territorio patrio del Grande Oriente Español, al darse las condiciones políticas que lo permitían. Conforme con este espíritu expresado por los Soberanos Grandes Comendadores reunidos en París, el Gran Maestro Jaime Fernández Gil de Terradillos, previo acuerdo en ese sentido de los supervivientes del Gran Consejo Federal Simbólico reunidos en México, decide retornar a España y tomar posesión del territorio de exclusiva soberanía del Grande Oriente Español. Ello se realiza poco después, mediante la celebración de la primera Gran Asamblea Nacional del Grande Oriente Español (y de la Masonería en general) en suelo patrio, desde la guerra civil. Reunida la Gran Asamblea en Madrid el día 2 de noviembre de 1977, se procede a nombrar la Comisión Permanente del Gran Consejo Federal Simbólico (Gobierno de la Orden): que figura en el comunicado oficial que se reproduce más adelante. 

De las decisiones de esta Gran Asamblea nace el decreto de instalación de 4 de noviembre de 1977 por el que se pone fin al exilio y se declara instalado en España, con plena soberanía de Potencia Masónica Regular del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, al Grande Oriente Español. 

El 14 de noviembre de 1977 se eleva un memorial a las autoridades religiosas españolas, en el que se expone el deseo de la Masonería española de mantener «relaciones fraternas, sinceras y respetuosas con la iglesia», en sintonía con las mantenidas en Francia con Monseñor Martí y, en España, con historiadores de la talla de los sacerdotes católicos Pedro Álvarez S. J. o José Antonio Ferrer Benimelli S. J.. 

Se inician seguidamente una serie de intensivas negociaciones en Estrasburgo, París y Madrid, cerca de autoridades masónicas de Francia y del Gobierno español (ministerios de Asuntos Exteriores y de Interior, y Presidente de las Cortes), que desembocan en una cordial reunión del Gran Maestro y otros Grandes Dignatarios del Grande Oriente con don Rodolfo Martín Villa, a la sazón ministro de Interior, en la que se le presentó toda la documentación necesaria para la legalización del Grande Oriente Español, siendo esta muy bien acogida por el ministro, el que ofreció su incondicional apoyo para la celebración de una rueda de prensa encaminada, en expresión del señor Martín Villa, a que «el impacto del regreso oficial de la Masonería a España esté debidamente dosificado». 

La reunión con los medios de comunicación se celebró el 29 de noviembre de 1977, asistiendo, además del Gran Maestro, el Gran Maestro Adjunto, el Gran Secretario, el Gran Orador, el Gran Tesorero y el Gran Experto, haciéndose entrega a la prensa de un comunicado oficial que decía: 

1º El Grande Oriente Español fue fundado dentro del espíritu y la letra de las constituciones de Anderson de 1723. 

2º Constituye una Obediencia masónica con plena soberanía en el territorio de diversos pueblos ibéricos que constituyen la nación española. 

3º Sus trabajos son de formación ética y de orientación del pensamiento en una fraternidad universal. 

4º La XXVII convención de Soberanos Grandes Comendadores, celebrada en junio, tomó la resolución de ayudar a la Potencia masónica Regular Española para que recobre la legalidad dentro del Estado español. 

5º La Junta directiva, tras la asamblea celebrada el 2 de noviembre de 1977, fue constituida por:  

Gran Maestro (Presidente), Jaime Fernández Gil de Terradillos 
Gran Maestre Adjunto (Primer Vicepresidente), Antonio del Villar Massó 
Gran Secretario (Secretario), Francisco Espinar Lafuente 
Gran Orador, Antonio García Borrajo 
Gran Tesorero, Mario Asensio Escrivá 
Gran Arquitecto Revisor, Francisco Torío Baladrón 
Gran Experto, Urbano Oraad de la Torre 

6º El Grande Oriente Español admite a los creyentes de cualquier religión y rechaza el puro y simple ateo, al indiferente hacia la esencia y destino del hombre, y a quien mantenga una actitud hostil hacia las raíces del fenómeno religioso.  

7º El Grande Oriente Español es la única Obediencia masónica española reconocida, y rechaza toda responsabilidad que pudiera derivarse de declaraciones hechas por personas que, atribuyéndose jerarquías masónicas, no pertenecen a este Grande Oriente.  

8º El Grande Oriente Español ha entrado en relaciones, en junio pasado, con autoridades españolas en el Consejo de Europa y, hace unos días, se entrevistó durante más de una hora con el ministro de Interior Martín Villa, en un clima de cordialidad y comprensión, y espera ser legalizado en breve plazo. 

9º No obstante no tener aún ningún reconocimiento legal, El Grande Oriente Español trabajó ya junto con las autoridades españolas, antes, durante y después de la admisión de nuestro país en el Consejo de Europa. 

10º El Grande Oriente Español mantiene relaciones con representantes de la Iglesia Católica española y extranjera, a diferentes niveles, y espera y desea establecer relaciones con ella, dentro de un clima de respeto mutuo. El canon 2335 del Código de derecho canónico no afecta al Grande Oriente Español, ya que no «maquina contra la Iglesia o contra las potestades civiles legítimas».  

11º El Grande Oriente Español apoya y defiende el orden público y será leal a la Monarquía Española «con la misma firmeza con que ayer lo fue a las instituciones republicanas». 

Los apartados 10º y 11º del manifiesto, que se refieren al apoyo a la Monarquía Española y recogen los comentarios sobre la Iglesia Católica, moderados en su expresión, absolutamente corteses y consecuentes con la legalidad masónica, que obliga a los masones a ser respetuosos y fieles colaboradores del poder civil legalmente constituido en su país, así como a respetar las ideas religiosas sean las que fueren –máxime las absolutamente mayoritarias, como es el caso de la Iglesia Católica en España–, fueron tomadas como una afrenta personal por algunos viejos republicanos, absolutamente fuera de la realidad e ignorantes de los cambios que se habían producido en España durante los últimos 40 años.  

A partir de las discrepancias de ese pequeño grupo se produce la división de la Masonería Española, que unida durante el exilo no supo estarlo a su vuelta. De la división nació el efímero Gran Oriente Español Unido y, más tarde, dentro del ámbito del Gran Oriente de Francia, la Gran Logia Simbólica Española. Otro grupo pasó a unirse a la Gran Logia Nacional Francesa. Este grupo, cuando consiguió años después reunir tres logias, constituyó el (6 de noviembre de 1982) la Gran Logia de España, como Obediencia de nueva planta.  

El daño a la Masonería se había consumado. El Ministerio de Interior, viendo la división interna, se apercibió de la debilidad de la Masonería Española en aquel momento, por lo que, a pesar de las múltiples gestiones realizadas por el Grande Oriente Español en todos los foros internacionales apoyando a la naciente democracia española, la legalización de la Masonería no terminaba de producirse, aunque se recibían todo tipo de buenas palabras del Gobierno. Lo que obligó al Grande Oriente Español a plantear pleito contra el Estado. Se ganó en primera instancia ante la Audiencia Nacional y, tras el recurso del abogado del Estado, se volvió a ganar ante la sala cuarta del Tribunal Supremo, mediante la sentencia número 47.103 de 3 de julio de 1979. El Ministerio de Interior se vio obligado a registrar al Grande Oriente Español con el número 32.886 nacional. Acabaron así 43 años de ilegalidad y 40 de exilio. En el camino quedaron miles de hermanos que nos precedieron en el Oriente eterno, con la angustia de no saber cuándo terminaría la persecución. 

Durante los siguientes años la Masonería Española poco a poco y no sin grandes dificultades fue creciendo y consolidándose. La Gran Logia de España poco a poco fue reconocida por la práctica totalidad de la Grandes Logias regulares del mundo. 

Mientras tanto, hoy como ayer, decir Grande Oriente Español es resumir en una breve frase la historia de más de dos siglos de Francmasonería en España. Es recordar la historia de los Ilustrados Españoles, del nacimiento del Liberalismo como doctrina política y de la defensa de los derechos del hombre. Es, en fin, un Grito de Libertad contra el oscurantismo, la incultura, el caciquismo y la opresión que, históricamente, subyugó al pueblo español hasta el advenimiento definitivo de la Democracia con la Constitución de 1978. 
 
Como el mismo pueblo del que se nutre, el Grande Oriente Español ha sufrido mucho a lo largo de su historia bicentenaria. Sus miembros han sabido de destierros y de cárceles, sus mártires se cuentan por miles. Poderes fácticos, han programado en diversas ocasiones su desaparición. Pero ni las persecuciones, ni el destierro, ni el exilio, ni las cárceles, ni los patíbulos, ni las traiciones de los infiltrados y los aprovechados ocasionales, consiguieron nunca doblegar su espíritu. Por ello, hoy, como ayer y como será mañana, el Grande Oriente Español sigue en su puesto. 
 
El Grande Oriente Español, por acuerdo adoptado por la unanimidad de los miembros de su Gran Asamblea General Extraordinaria, reunida en los Valles de Madrid el día 31 de marzo de 2001, e.·. v.·., quedó indivisiblemente unido a la Gran Logia de España, formando el Grande Oriente Español y la Gran Logia de España una única Obediencia Masónica; aun conservando ambas instituciones la personalidad jurídica, mas tan solo a los efectos asociativos y por imperativo legal emanado de la Ley de Asociaciones.  
 
Desde el día 31 de marzo de 2001, e.·. v.·., todas las Logias del Grande Oriente Español suspendieron sus trabajos ritualísticos y abatieron sus columnas, integrándose sus miembros en Logias de la Gran Logia de España.  
 
Desde el día 31 de marzo de 2001, e.·. v.·., el Gran Maestro del Grande Oriente Español es el que en cada momento lo sea de la Gran Logia de España.  
 
Con dichos acuerdos quedaron unidas para siempre la historia y las tradiciones de la Masonería Española, representadas por el Grande Oriente Español, y la regularidad y los reconocimientos de todas las Grandes Logias Regulares del mundo, aportados a la unión por la Gran Logia de España.  
 
En su consecuencia, la Masonería Regular Española, es decir, la Gran Logia de España «en la que tras los acuerdos de unión con el Grande Oriente Español se entronca toda la historia de la Masonería Española, desde que en 1728 Lord Coleraine, Duque de Wharton, fundara en Madrid la Respetable Logia Matritense o de las Tres Flores de Lys, hasta nuestros días» es la única Obediencia Masónica Española, constituida, bajo una sola Pirámide Masónica y un único Gran Maestro, por el Grande Oriente Español y la Gran Logia de España.  

Fin 

Nota: El contenido de este texto fue publicado por la R.·. L.·. S.·. Cibeles Nº 131 en la creación de su primera página web, inaugurada oficialmente el día 5 de julio de 2004, coincidiendo con el primer aniversario de la Logia.